Preparan ley para evitar quiebra de empresas evitando un proceso de secuestro por los acreedores y procesos de quiebra, las empresas que se acojan a la reorganización conciliada tendrían un plazo de hasta seis meses para demostrar la viabilidad de seguir en pie.
Se prevé que gran cantidad de empresas no podrá cumplir con sus obligaciones con el Estado, bancos, financieras y proveedores, lo que haría más difícil el proceso de recuperación económica que espera el país. La nefasta proyección que indica que el 40% de las empresas podría quebrar a raíz de la pandemia ha empujado a la redacción de lo que sería un proyecto de ley de insolvencia, de aplicación temporal.
La idea es presentar a la Asamblea Nacional, a través del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), un proyecto de ley de “reorganización conciliada”.
El documento, que sería presentado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) ante la Asamblea Nacional, establecería condiciones para que deudores y acreedores se puedan poner de acuerdo, a través de un proceso extrajudicial regulado que se adecue a las actuales circunstancias impuestas por la Covid-19.
El proyecto de ley, presentado por el CNC al Órgano Ejecutivo por intermedio del Mici, contempla la modalidad de centros de arbitraje que permitan intervenir exclusivamente para la etapa de reorganización de la empresa, evitando la congestión y el colapso en el sistema judicial.
Panamá cuenta con la Ley 12 de 2016, vigente a partir de enero de 2017, que establece mecanismos para la protección del crédito, dentro de una reorganización y, por último, de llegar al punto o condición de iliquidez permanente en el proceso de insolvencia, la atención de las acreencias.
Pero la falta de recursos presupuestarios ha determinado que los tribunales especializados que crea la Ley 12 de 2016 no se hayan constituido.
Esto, como dijo Irvin Halman, presidente del Centro Nacional de Competitividad (CNC), se agrava ante la situación actual provocada por la Covid-19, ya que muchas empresas han quedado inmersas en una situación de fuerza mayor, no prevista en la Ley 12 de 2016.
“Las proyecciones indican que un gran número de empresas puede llegar a la insolvencia total y liquidación de no contar con un mecanismo legal que les permita concurrir a procesos de reorganización oportunos y eficaces”, detalló.
En el contexto actual, las empresas se encuentran limitadas o impedidas de activarse, no necesariamente por una controversia con sus acreedores, sino por la paralización de operaciones en las que tienen un patrimonio y obligaciones, indicó el presidente de la CNC, organización sin fines de lucro, en la que participan el sector público y el privado.
Por lo tanto, se requiere de mecanismos especiales, lo suficientemente rápidos y flexibles para responder a la situación de anormalidad económica.
De acuerdo con lo que se planteará en el proyecto de ley, empresas y acreedores podrán acudir a un centro de conciliación reconocido, como el de la Cámara de Comercio o la Cámara Panameña de la Construcción, en donde se someterán al proceso de reorganización.
La ley será de aplicación temporal. Su tiempo de ejecución será conocido una vez el documento sea presentado en la Asamblea Nacional.
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